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LEY DE INSOLVENCIA EN SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES COMERCIANTES

Ley 1116 - Congreso de la república
27 de diciembre de 2006
La solicitud de admisión a un proceso de insolvencia, deberá hacerse directamente por el deudor o el acreedor o por su apoderado, el cual deberá ser abogado. De la solicitud deberá efectuarse presentación personal, ante la Superintendencia de Sociedades o ante cualquier despacho judicial.
El régimen de insolvencia empresarial tiene como finalidad la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de Liquidación judicial, en otras palabras lo que ​pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.
En este sentido, los procesos concursales buscan, que el deudor logre afrontar la situación de crisis en la que se encuentra, para de esta manera, acordar de manera conjunta con sus acreedores y garantes, fórmulas de pago que le permita el cumplimiento de dichas obligaciones, al igual que su recuperación, salvo que esta no sea viable, caso en el cual procederá al pago ordenado de acreencias a través de la liquidación del patrimonio.
Dado lo anterior el proceso de reorganización empresarial, es una alternativa para que quienes se acojan a este trámite, puedan solucionar su crisis económica, a través de un acuerdo de reorganización, el cual contiene un conjunto de condiciones financieras y jurídicas, que de ser aprobado conforme las reglas que determina la ley, daría lugar al cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los acreedores, así como la conservación de la empresa. El proceso lo que busca es que se le dé una oportunidad a la empresa para que pueda refinanciar el pasivo con el visto bueno de los acreedores y se conserve la fuente de pago y, en consecuencia, el empleo.
Es importante saber que pese a que el deudor se encuentre en un proceso de reorganización empresarial, éste puede solicitar créditos a terceros o a entidades financieras, con el fin de obtener nuevos recursos para continuar con el desarrollo de su actividad o para atender el pago de obligaciones adquiridas.
El inicio del proceso de reorganización de un deudor supone la existencia de una situación de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente.
  • El deudor estará en cesación de pagos cuando, incumpla el pago por más de noventa (90) días de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores, contraídas en desarrollo de su actividad, o tenga por lo menos dos (2) demandas de ejecución presentadas por dos (2) o más acreedores para el pago de obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado de las obligaciones en cuestión deberá representar no menos del diez por ciento (10%) del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud.
  • El deudor estará en situación de incapacidad de pago inminente (No aplica a personas naturales comerciantes), cuando acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura, que afecten o razonablemente puedan afectar en forma grave, el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un vencimiento igual o inferior a un año.
La solicitud de inicio del proceso de reorganización deberá presentarse acompañada de los documentos que acrediten, además de los supuestos de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. No haberse vencido el plazo establecido en la ley para enervar las causales de disolución, sin haber adoptado las medidas tendientes a subsanarlas.
2. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales.
3. Si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, tener aprobado el cálculo actuarial y estar al día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles.
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LEY DE INSOLVENCIA PARA PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES

Ley 1564 - Congreso de la república
12 de julio de 2012
La Ley de Insolvencia Económica, que tiene como objetivo ayudar a las personas naturales no comerciantes que no pudieron cumplir con sus obligaciones financieras y que corren el riesgo de ser embargados o desalojados de sus propiedades. Esto, con el fin de suspender los procesos judiciales en su contra y el cobro de intereses.
Requisitos iniciales para aplicar:
  • No ser comerciante, es decir, no estar registrado en la Cámara de Comercio y no tener un establecimiento comercial.
  • No tener la mayoría de acciones en una sociedad.
  • Tener más del 50 por ciento del pasivo con más de 90 días de mora.
Aspectos importantes:
  • Es un proceso por medio del cual el acreedor y el deudor llegan a una conciliación que tiene como objetivo ofrecerle a este último un estudio de su crédito en un plazo máximo de 60 días prorrogables sólo por 30 más. Además al declararse en insolvencia se suspenden los procesos judiciales en su contra y el cobro de intereses.
  • Pueden acceder los deudores que tengan en su contra dos o más demandas en el que se les exijan el pago de sus obligaciones o las personas que tiene deudas y se "cuelgan" en el pago por más de la mitad del monto prestado.
  • Las únicas deudas que entran en esta ley son las de acreedores del sector financiero, comercial y de carácter particular.
  • Con la figura del intercambio de activos la deuda puede ser pagada en su totalidad o parcialmente con un bien inmueble avaluado por un perito, y recibir la diferencia si esta existe.
  • El trámite fracasa si se comprueba que el deudor gravó o transfirió sus bienes a otras personas luego del acuerdo y que estaban sujetos a registro, también si el deudor fingió una separación de bienes con su cónyuge o traspasó sus propiedades, y que estas representen más del 10 por ciento del total de sus activos.
  • Sólo cada seis años de cumplirse el acuerdo de pago, una persona natural puede declararse en insolvencia, si esta incumple el acuerdo de pago perderá el derecho de por vida.
  • Si se suministran datos falsos o incompletos, documentos falsificados, si se hace incurrir a un error grave al conciliador o juez, o si se finge separación de bienes con el cónyuge, se entrará a tener una responsabilidad penal con prisión de uno a seis años.
Documentación:
  • Hay que entregar un informe detallado sobre las causas que llevaron a la situación de insolvencia económica.
  • La relación completa y actualizada de los acreedores y los activos.
 
  • El deudor tiene que anexar certificados de un contador público independiente y el nivel de ingresos que debe pedir al empleador. 
  • Se debe entregar un informe detallado sobre los gastos de supervivencia que tiene el deudor y las personas que tiene a su cargo. Y la información sobre si tiene o no sociedad conyugal.
  • La persona deberá calcular el monto que se compromete a pagar durante el proceso, sin que esto afecte la subsistencia de este, la de su familia y la conservación de sus bienes.
  • Para las personas que tienen demandas judiciales, estas tienen que anexar el material de los procesos judiciales en su contra o los procedimientos de carácter patrimonial.